Por Diana Escobar Hoyos, Directora de la Fundación Oleoductos de Colombia.
El agua es un bien público y por esto, es responsabilidad de todos usarla de manera sostenible, protegerla, conservarla y velar como sociedad, por la garantía del acceso a agua y saneamiento básico, como derecho humano fundamental. La disponibilidad de cantidad y calidad de agua para el consumo humano varía según la clase socioeconómica.
Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- actualmente 1.100 millones de personas carecen de acceso suficiente a agua potable segura, y 2.600 millones no disponen de saneamiento básico. En Colombia la brecha de acceso entre lo urbano y lo rural es de más de 20 puntos porcentuales.
Desde el punto de vista empresarial, el agua es indispensable para la operación de la industria de hidrocarburos. Su falta de disponibilidad está contemplada como un riesgo empresarial y su gestión conlleva una relevancia y expectativas significativas para los grupos de interés, en términos de prevención de conflictos asociados a la presión ejercida sobre los recursos hídricos, su disponibilidad y calidad.
Con base en esto y teniendo como principio rector el respeto por los Derechos Humanos, la gestión integral del agua en la industria de hidrocarburos, en los últimos años ha venido incorporando el manejo eficiente del agua como generador de valor y aspecto material para su sostenibilidad.
La integralidad en la gestión del agua incluye la disminución en la captación y volumen de vertimientos, así como el aumento en el reúso y recirculación de agua en el proceso productivo, la compensación traducida en mejora en el acceso a agua segura, en conservación y restauración de ecosistemas, o en abastecimiento productivo mediante siembra y cosecha de agua o recarga gestionada de acuíferos.
No menos importante que lo anterior es la gobernanza. Se hace necesario integrar y fortalecer la dimensión social de la gobernanza del agua, para una distribución más equitativa del recurso hídrico, en la búsqueda del fortalecimiento de las capacidades comunitarias e institucionales para el logro de una incidencia real y efectiva en los procesos políticos sobre la gestión del agua.
Fortalecer la participación de las comunidades en las decisiones que inciden en su territorio, asegurar la transparencia y el acceso a la información y el desarrollo de procesos de implementación de los determinantes del ordenamiento territorial asociados al ciclo del agua, definiendo las jerarquías y la coordinación entre entidades, es un eslabón esencial en la gestión sostenible del agua. Para esto, es requerido romper los límites entre distintas disciplinas aspirando a una comprensión más rica y abierta que permita integrar los procesos sociales y biofísicos.
Igualmente necesario es construir y consolidar relaciones de confianza entre la industria y las comunidades, basadas en el respeto a través del diálogo social para la concertación de visiones compartidas del ordenamiento territorial en torno al agua y el fortalecimiento de los procesos de gobernanza por parte de poblaciones históricamente afectadas por la exclusión, el conflicto armado y el desplazamiento forzado, así como considerar procesos de formación y capacitación que sienten las bases del diálogo social intercultural y la planeación participativa, para la construcción de un lenguaje común basado en conceptos compartidos, que faciliten la gestión y protección del agua, como bien público y derecho fundamental.
